18 jun. 2008

Texto sobre coyuntura actual en Chile

Envio este texto sobre la situacion actual en Chile ante la discusion de la Ley General de
Educación
Atte
Juan González López
Investigador Observatorio Chileno de Políticas Educativas
10.044.012-1

Más allá de la discusión parlamentaria sobre educación
La ciudadanía tiene la iniciativa

Durante la semana pasada los medios destacaron la aparición de dos manuales (uno para
sostenedores y otros para estudiantes) orientando las acciones que cada estamento debe
tener en el caso de una movilización o toma de un establecimiento educacional.
Analizar los manuales permite comprender, en parte, la naturaleza del actual momento
educativo. Tal momento se caracteriza por encerrar el debate en el acuerdo educativo entre
la  Concertación y la Alianza en total desprecio por la movilización constante (durante tres
años seguidos) de estudiantes, profesores y apoderados en demanda de cambios profundos en
el sistema educativo.
La discusión actual parece retroceder en aspectos como la prohibición de la selección de
estudiantes y el lucro, a colegios que reciben fondos del Estado (medidas instaladas por el
movimiento social y reafirmadas por el mundo académico y técnico), invisibiliza otras
medidas tan importantes como la mejora en las condiciones del trabajo docente y llega al
exceso, al poner en discusión si es pertinente o no que una ley de educación se pronuncie
sobre una definición de la educación pública como prioridad del Estado.
La esterilidad del debate parlamentario y ejecutivo hace recordar un reciente fallo de la
corte de apelaciones que señalaba que es “pertinente
recordar que históricamente numerosos movimientos estudiantiles han sido el motor de
cambios y evoluciones sociales, siendo las tomas una de las formas que tradicionalmente se
han utilizado por los alumnos”(Tercera Sala Corte de Apelaciones de Santiago, Octubre 2006).
A propósito de esto el manual llamado “Sugerencias de procedimientos para enfrentar
movilizaciones estudiantiles”, atribuido a CONACEP (Corporación Nacional de Colegios
Particulares Subvencionados), recomienda a los sostenedores afiliados que deben “reconocer
la legitimidad de las demandas estudiantiles” (“Sugerencias de procedimientos…”, pág 2).
Paralelamente a esto les indica que deben desincentivar las movilizaciones, llamando a la
comunidad a esperar que termine el debate legislativo señalando que “es en este ámbito, el
parlamentario, donde el tema debe avanzar y resolverse” (“Sugerencias
de procedimientos…”, pág 6). Paradójicamente, recomienda transmitir a los estudiantes que
“los cambios legales que se necesitan requieren de quórum muy altos para ser aprobados, por
lo cual es con acuerdos y no con movilizaciones la única forma de sacarlos adelante. En el
peor de los casos, la situación puede derivar en que no haya ningún tipo de consenso y se
mantenga la normativa actual” (“Sugerencias de procedimientos…”, pág 6). Por último,
advierte “Imagínense la alteración en la vida de cada una de las familias de esta comunidad
escolar si debemos terminar el semestre durante el próximo verano, cuando todos - alumnos
y profesores- deberían estar descansando.
(“Sugerencias de procedimientos…”, pág 7).
Una “lección de ciudadanía” que nos puede hace entender por que sólo un 45 %  de los
chilenos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno,
mientras que a un, considerable, 29 % le da lo mismo un régimen democrático que uno
autoritario. (Encuesta Centro de Estudios Públicos, Mayo 2008).  En consideración a esto no
está en buenas manos la formación ciudadana de nuestros jóvenes.
Muy diferente es el manual estudiantil, es interactivo (se va llenando conforme avanza las
movilizaciones), y se titula “A tener en cuenta cuando se tomen un colegio o liceo”. Se
concentra en medidas como la instauración de la ley seca, el cuidado de los inmuebles, no
exponerse a situaciones peligrosas que causen malos ratos los compañeros y a sus familias.
Además agrega un interesante artículo donde se establece que  “cualquier decisión
importante debe pasar por la aprobación de la asamblea conformada por quienes participan
en la ocupación”
(http://www.ceuch.org/index.php/consideraciones-para-una-toma/4-ceuch/61-a-tener-en-cuenta-cuando-se-tomen-un-colegio-o-).
Nuevas formas de ciudadanía se instituyen,  como consecuencia de la deslegitimación del
actual sistema político. Los estudiantes saben que por participar se les puede criminalizar,
por lo tanto se cuidan e insisten en probar la participación directa, ya que saben de los
peligros de que se oligarquice la democracia. Es el caso de la democracia actual que ha
probado que no es un sistema eficiente para viabilizar las demandas ciudadanas. Lo
demuestra la reciente encuesta del CEP, lo argumentan los sostenedores en el manual del
gremio, y lo confirma la actual discusión sobre la le Ley General de Educación, que con
indicaciones o sin indicaciones esta dejando afuera la mayoría de las demandas sustanciales
que ha expresado la ciudadanía durante los últimos años.
Hace unos días los medios destacaban como los sostenedores particulares y municipales
perdían millones de pesos por concepto de subvención educacional; más de 300 millones al
mes denunciaban los representantes de colegios particulares, mientras que Pablo Zalaquet
representante de los ediles manifestó que las perdidas para los municipios ascienden a tres
mil millones de pesos mensuales en todo el país.(El Mercurio, 13 de Junio 2008).
En las Editoriales de El Mercurio y La Tercera, entre tecnócratas y políticos de derecha y
dentro de cierto sentido común conservador se ha argumentado que los estudiantes,
profesores y apoderados movilizados no saben por qué lo están haciendo. Se insiste que los
que sufren el actual sistema educativo no están al tanto de la discusión técnica  y que sus
argumentos son ideológicos.
Sin embargo, la acción ciudadana durante tres años, al menos, ha dado en uno de los
pilares que sustentan el sistema educativo actual. Millones de pesos en pérdidas tanto para
sostenedores particulares y municipios.
Esta claro que ni el ejecutivo, ni el legislativo están escuchando al mundo social. La
oposición manifiesta a la LEG demostrada por encuestas, por colegios y universidades en paro o
en toma,  los profesores movilizados primero en la moneda y luego en el Congreso
muestra la incapacidad actual sistema democrático para resolver la crisis educativa
en Chile. Quizás el citado fallo judicial del 2006, cobre de nuevo vigencia y deje la
resolución del problema en el ámbito de la acción ciudadana  que históricamente,
mediante a tomas, ha sido el motor de cambios y evoluciones sociales.

Juan González López
Investigador Observatorio Chileno de Políticas Educativas
10.044.012-1

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